Abuso de poder. Ese es el término que define lo ocurrido en los últimos días cuando lanchas motoras de las fuerzas armadas embistieron y agredieron a los ecologistas de Greenpeace. ¿En qué País democrático una multinacional privada puede permitirse el lujo de tener al ejército de una nación como guardaespaldas? Que no nos engañen, ahí no se fraguaban los intereses de los españoles. Recordemos que todo el petróleo extraído por Repsol se quedará en manos de Repsol, que de española sólo tiene una quinta parte según los datos de la propia empresa (Caixabank con un 12% y Sacyr con un 9%). Ellos decidirán a quien y como venderlo, e incluso a qué país enviarlo. Así que no, los españoles no ganamos nada en ese trato. De hecho, si alguna vez queremos ver de vuelta ese petróleo, deberemos recomprárselo a Repsol, la petrolera que tan esmeradamente protege el ministro Soria.
Pero no es sólo cuestión de dinero lo que aquí se mueve. Es también cuestión de respeto, de transparencia y de formas. En este sentido, la actuación del gobierno ha sido completamente dictatorial. No sólo embisten salvajemente a los botes de Greenpeace, como se puede comprobar en los múltiples vídeos difundidos por cadenas de televisión y medios de internet, sino que sólo cesan en sus agresiones cuando finalmente consiguen heridos graves, una activista italiana que tuvo que ser operada en el Hospital Doctor Negrín… Como si esto no les pareciese poco, encima tienen la poca vergüenza de publicitarse en las redes sociales como que ellos “han rescatado y puesto a salvo a una activista”. Sólo olvidaron publicar el pequeño detalle de que los agresores fueron ellos.
El gobierno salió enseguida a protegerse de las acusaciones, eso sí, con torpeza y sin pensar en lo que hacían. Sabiendo que las fracturas de la muchacha fueron causadas por las hélices de las embarcaciones, no dudaron en decir que fueron infligidas por las lanchas ecologistas. La respuesta de los activistas fue rauda: sus botes funcionan por propulsión a chorro y no tienen hélices. Por tanto, sólo las embarcaciones de la armada española pudieron haber causado las heridas. No sólo pecaron de desproporción y violencia, también de mentira, poco respeto a los ciudadanos, y de cobardía (al inculpar sus propios pecados a las víctimas). Ante esto, lo único que pudo hacer el Ministro de Defensa fue decir que el ejército hizo lo que tenía que hacer porque su misión era proteger a la embarcación petrolera. Interesante que esos sean los deberes del ejército de España: proteger a una multinacional y no a aquellos que defienden la opinión de sus compatriotas. Cuando llegaron a puerto, los activistas se encontraron con una denuncia por parte del Gobierno Español, encima, y con que no podrán sacar su barco del puerto de Arrecife a menos que paguen un aval de 50.000€. Como bien dicen las compañeras y compañeros de Izquierda Unida, sería un placer ver que lectura harían los mismos ministros populares si estas acciones hubiesen sido cometidas por un gobierno sudamericano, en lugar de por el suyo propio.
Sinceramente, estoy empezando a creer que los canarios somos españoles de segunda, y el gobierno no ha hecho más que darme la razón en cada decisión que toma. Aún recuerdo cuando el Ministro Soria quería realizar prospecciones tanto en Canarias como en Baleares. No fue hasta que un gran empresario hotelero se levantó y dio un golpe en la mesa, que el gobierno se echó atrás y canceló el proyecto de las prospecciones baleares. ¿Cuál fue la supuesta motivación para ese cambio de opinión? Pues que el riesgo natural era demasiado grande y que la población balear estaba claramente en contra. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso ese riesgo no ocurre también en Canarias? ¿Acaso la población en Canarias no se ha levantado también contra las prospecciones? No lo sé. Quizás sea más hiriente, todavía, saber que el nombre de aquel empresario era Abel Matutes, ex ministro en el gobierno de José María Aznar, y que mientras él luchó, por lo suyo, los populares canarios callaron.
Quizás la cuestión radica en el hecho de que, si se produce un escape de crudo en Baleares, podría afectar a varias comunidades autónomas (Baleares, Cataluña, Valencia, Andalucía…), incluso a países vecinos de la Unión Europea. Sin embargo, si dicho escape tiene lugar en Canarias, sólo nosotras y nosotros nos enfrentaremos al desastre. En este caso, nos encontraríamos ante una estrategia de contención de daños en la que seríamos más tratados como colonia, o ratas de laboratorios, que como compatriotas de iguales derechos. Y pensar que Soria y los suyos gritaron a los cuatro vientos que defenderían los intereses de Canarias…
¿Y cuál es la excusa para todo esto? Según el Ministro Soria, la gran dependencia que sufre España del petróleo extranjero… No voy a negar que este problema exista. De hecho, es una de las principales lacras de la economía española, encareciendo nuestra electricidad y mermando la economía y posibilidades de familias y empresas. España apenas produce una ínfima parte de los combustibles fósiles que consume pero… ¿Acaso no sería igual de útil reducir nuestro consumo de petróleo para así tener que comprar menos petróleo extranjero? Cuando uno gasta menos de algo, depende menos de ello, una lógica aplastante. Pues parece ser que ese argumento no es válido para el Ministro.
Si bien se ha mostrado en todo momento muy a favor de perforar nuestras costas para obtener el oro negro, se ha mostrado igual de diligente en castigar a las energías renovables, nuestra principal alternativa al crudo. No sólo quitó las primas y subvenciones, se niega a legalizar el autoconsumo y el balance neto, y, en caso de aprobarlo, ya se ha comprometido a poner un canon que lo haga económicamente inviable. No vaya a ser que la gente de a pie decida poner instalaciones renovables en sus casas y luchar por sí mismos contra la gran dependencia del petróleo que sufre nuestro país. Para hacer una comparativa, el gobierno se jactó de que quitando las ayudas a las renovables en toda España, se ahorrarían 1.700 millones de euros. Resulta que sólo en Canarias, ese mismo gobierno se gasta entre 1.000 y 1.300 millones de euros al año en subvencionar el petróleo de uso eléctrico. Repito, sólo en Canarias y sólo para la producción de electricidad.
Volviendo a lo sucedido con el Artic Sunrise, nos encontramos con dos bandos enfrentados. Por un lado, ecologistas que luchan por defender nuestras aguas sin haberse criado en ellas. Que luchan porque se escuche el clamor de un pueblo que ha sido amordazado por su propio gobierno. Que reciben ataques, físicos y jurídicos, por proteger algo de lo que podrían haberse desentendido. Al otro lado, un gobierno que usa a nuestro ejército para sus propios intereses. Que aplaca con violencia y mentiras cualquier atisbo de rebeldía. Que ignora nuestra voluntad mientras escucha la de otros. Que enriquece a los suyos mientras sacrifica lo nuestro. Que para ganar lo que creen suyo ponen en riesgo lo de todos. En esta nueva discordia sembrada por el Gobierno, ¿quién nos representa?
Miguel Ángel Guerra Rodríguez
Miembro de los círculos PODEMOS TELDE y PODEMOS GRAN CANARIA